Recuperar un piso alquilado costará hasta 15.500€, según Fedea

Un informe de Fedea calcula que recuperar una vivienda alquilada al terminar el contrato podría costar al propietario alrededor de 15.500 euros en indemnización, si entra en vigor la reforma de los llamados 'decretos Maricarmen'. El cálculo parte de un ejemplo concreto y depende de cuántos años lleve el inquilino en la vivienda.

Qué calcula Fedea sobre el RDL 28/2026

Diario de Ibiza recoge el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada sobre el impacto de los reales decretos-leyes 28/2026 y 29/2026, aprobados por el Gobierno a comienzos de octubre. El cambio central está en el RDL 28/2026: sustituye el sistema actual de prórrogas por renovaciones obligatorias de cinco años si el propietario es persona física, y de siete si es persona jurídica.

Para negarse a renovar, el arrendador debe avisar con seis meses de antelación y pagar una indemnización. Esa cantidad es la más alta entre doce mensualidades o una mensualidad por cada año que el inquilino haya vivido en el piso.

Fedea pone un ejemplo: una vivienda de 300.000 euros, alquilada por 1.125 euros al mes, con un valor de referencia estatal un 15% superior a la renta. Ahí la indemnización llega a 15.525 euros, el 5,2% del valor del inmueble y 13,8 meses de renta.

Los 15.500 euros son el coste máximo de recuperar una vivienda, no una cifra automática.

La cantidad crece con los años de residencia del inquilino:

• Hasta 12 años: se mantiene en 15.525 euros, por el mínimo de doce mensualidades.
• 15 años: sube a 19.406 euros.
• 20 años: alcanza 25.875 euros.
• Excepciones: no hay indemnización si el propietario necesita la vivienda para sí o familiares, si el inquilino tiene otra vivienda adecuada en el municipio, o si ambas partes firman un nuevo contrato.

Lo que cambia si piensas recuperar tu piso

Este cálculo afecta a cualquier propietario que algún día quiera recuperar su vivienda alquilada, ya sea para vivir en ella, venderla vacía o cambiar de inquilino. El informe recalca que el 76,1% de los arrendadores particulares tiene una sola vivienda alquilada, así que buena parte de este coste recaería sobre propietarios pequeños, no sobre grandes tenedores.

Fedea también advierte de un efecto colateral: cree que estas obligaciones podrían llevar a algunos propietarios a subir las rentas iniciales de los contratos nuevos, vender el piso o directamente reducir la oferta disponible. El RDL 29/2026, el otro decreto analizado, añade una prórroga extraordinaria de hasta dos años, limita al 2% ciertas actualizaciones de renta hasta finales de 2027 y endurece las condiciones de alquileres de temporada y por habitaciones.

Hay un matiz importante que no conviene perder de vista: el RDL 28/2026 todavía tiene que pasar por la Diputación Permanente, y los anuncios de voto apuntan a su derogación. Es decir, esta indemnización podría no llegar a aplicarse nunca.

Qué haríamos nosotros con este decreto pendiente

Nuestra postura, con la norma todavía sin convalidar, es no tomar decisiones de pánico. Vender un piso o subir la renta de golpe por un decreto que puede derogarse es apostar fuerte sin tener la mano completa.

Lo que sí haríamos es mirar el contrato con calma: cuántos años lleva el inquilino, qué renta se paga hoy frente al valor de referencia, y si alguna de las excepciones (uso propio, otra vivienda del inquilino, nuevo contrato pactado) encaja en tu caso. Eso te da una foto real de tu exposición, no una cifra genérica sacada de un ejemplo ajeno.

Fedea concluye que el paquete protege a quien ya alquila, pero puede hacerlo a costa de quien todavía busca piso. También señala que el problema de fondo —poca vivienda nueva y falta de suelo— apenas se toca con estos decretos.

Esta semana, si tienes un piso alquilado, revisa cuántos años lleva tu inquilino y qué renta cobras frente al mercado: son los dos datos que determinan tu exposición real si el decreto se mantiene.

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Inmobiliaria NO, solución a propietarios SÍ.

Fuente: diariodeibiza.es